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Blanco confirma que el Gobierno endurecerá las condiciones de las prejubilaciones

El ministro de Fomento, José Blanco, ha confirmado que el Gobierno está estudiando encarecer las prejubilaciones de manera que se obligue a las grandes empresas con beneficios a asumir los gastos de todo el proceso, incluidas las prestaciones por desempleo que normalmente sorpota el Estado. Blanco ha recordado que esta propuesta se vienen contemplando desde hace tiempo e incluso el anterior ministro de Trabajo Celestino Corbacho ya había hablado de ello cuando comenzó a prepararse la reforma de las pensiones.

“Esta reflexión no surge como consecuencia del ERE de Telefónica, sino como una decisión y determinación que tenía el Gobierno encima de la mesa dentro de un proceso de reformas que son importantes para nuestro país”, aclaró Blanco en Onda Cero, en referencia a una información publicada por El País.

«Para garantizar las pensiones para nuestros hijos y para todos los españoles dentro de 20 o 30 años hacíamos una reflexión de que era necesario endurecer las condiciones por la que se estaban estableciendo las prejubilaciones y en caso de empresas que dan beneficios», declaró Blanco.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha señalado en RNE que el Gobierno puede optar por introducir este cambio a través de una enmienda bien en el decreto de reforma de las políticas activas de empleo o bien en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, ambas en tramitación en el Congreso.

En principio contarían con el respaldo suficiente para llevarlo a cabo, ya que hoy el portavoz de Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, se ha mostrado a favor al calificar las prejubilaciones impulsadas por grandes empresas con beneficios como una práctica «inmoral e irresponsable». «Hay que buscar una solución», advirtió Campuzano en declaraciones a Europa Press.

También podría contar con el apoyo del PP, ya que esta mañana su portavoz de Economía en el Congreso, Cristobal Montoro, instó a resolver la contradicción que supone el hecho de que se retrase la edad de jubilación hasta los 67 años mientras se permiten prejubilaciones en el marco de ERE de grandes empresas.

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