La multa que el Banco de España ha impuesto a 38 ex directivos de CajaSur por su labor al frente de la entidad durante los últimos años, que desembocó en una intervención por parte del supervisor español, ha entrado de lleno dentro de la campaña electoral andaluza a menos de un mes de que se celebren los comicios. La institución que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha impuesto a una multa a los candidatos de los tres grandes partidos (PSOE, PP e IU) a la alcaldía de córdoba, incluyendo al actual regidor, Andrés Ocaña.
Los tres candidatos fueron miembros del consejo de administración de CajaSur, aunque en distintas etapas. El popular José Antonio Nieto, que dejó la caja en noviembre del 2005, ha sido sancionado por un total de 18.000 euros, la multa más baja entre los tres candidatos. Nieto ya ha señalado que recurrirá esta sanción, ta que considera que es “injusta y no procede porque no ha habido ninguna actuación” que se le pueda imputar. El candidato se ha mostrado muy crítico con la labor del Banco de España, que considera poco ecuánime. “Habría que comparar la sanción que se le puso a el ex presidente de Caja Castilla La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, donde ha habido delitos y se llevó a una situación peor que la de CajaSur”, ha afirmado.
La sanción más alta es para el alcaldable del PSOE y secretario general del partido en Córdoba, Juan Pablo Durán, que estuvo en la entidad durante la última etapa antes de la intervención, y fue miembro de la comisión ejecutiva que voto la fusión con Unicaja. A él se le reclaman 64.000 euros. El actual alcalde y candidato de IU, Andrés Ocaña, que estuvo en el consejo hasta el año 2008, ha sido sancionado con 41.000 euros, aunque también ha adelantado que piensa recurrir.
En total, el Banco de España ha sancionado a 38 ex directivos de CajaSur con una multa que, en su conjunto, asciende a más de 2,4 millones de euros, siendo la más alta (180.000 euros) la impuesta al último presidente de la entidad, el canónigo Santiago Gómez Sierra, al que además se le inhabilita durante dos años. El supervisor, que ha observado deficiencias en los mecanismos de control de riesgos derivadas de los excesos cometidos en el sector inmobiliario y al incumplimiento del plan de actuación que establecía como único medio para salvar la caja la fusión con Unicaja, finalmente rechazada, discrimina entre los cargos que cada uno de los sancionados tenían en los consejos de administración y su responsabilidad en las decisiones clave que llevaron a la intervención.
CajaSur, controlada por el cabildo catedralicio de Córdoba antes de la intervención del Banco de España, perdió en 2010 1.139,1 millones de euros, casi el doble que el año anterior, cuando los números rojos alcanzaron los 596 millones, según los datos publicados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la patronal del sector.
Por otro lado, el Banco de España recibió ayer los planes de recapitalización de las entidades (CAM, Novacaixagalicia, Unnim y Catalunya Caixa) que han solicitado dinero público al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para alcanzar los nuevos requisitos de capital. En las próximas semanas el supervisor valorará a las entidades para determinar a qué precio entra en su capital. Los informes deberán ser enviados a Bruselas para su aprobación.
Novacaixagalicia pretende recortar en 500 millones de euros sus necesidades de capital mediante una restructuración interna que le permita tener que pedir menos dinero al FROB, y que se llevará a cabo mediante desinversiones en participadas y ventas de negocios. La caja gallega necesita 2.622 millones de euros para cubrir su déficit de capital, según las estimaciones del Banco de España. La entidad acudirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), combinando esta petición con el mencionado recorte y con la búsqueda de inversores privados.
Unnim intenta evitar por todos medios que el FROB pase a controlar la mayoría de su capital, lo que podría desembocar en la destitución de su actual equipo directivo. Por ello, la entidad, que necesita 568 millones para cubrir los nuevos requisitos de solvencia, ha solicitado al fondo de ayudas 400 millones a través de capital y otros 200 millones en préstamos del FROB 1. Esta ‘artimaña’ le es posible debido a que hizo la petición antes de la entrada en vigor del decreto de recapitalización, tras suspender los ‘test de estrés’.
La CAM, que requiere 2.800 millones de euros y Catalunya Caixa (1.718 millones) son las otras dos entidades que acudirán a las ayudas públicas.
