La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la “voluntad sincera” de los populares para llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el Constitucional “cuanto antes” tras la crisis que sufre este órgano por la renuncia ayer de tres de sus magistrados. “Estamos dispuestos a cumplir la parte que nos corresponde”, ha asegurado la dirigente del PP minutos después de que el presidente del Congreso, José Bono, diera a ambos partidos 16 días para tener un acuerdo sobre la mesa.
Tras las críticas, algunas sin sentido, vertidas ayer por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre la dimisión presentada por el vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y por los jueces Javier Delgado y Elisa Pérez, y el revuelo mediático que se ha desatado, los populares han ofrecido hoy su cara más amable. Así, en un tono conciliador, Sáenz de Santamaría ha tendido la mano al PSOE para zanjar esta polémica.
“Queremos llegar a un acuerdo sin vetos ni bloqueos por ambas partes”, ha asegurado la portavoz, en referencia a la figura de Enrique López -candidato del PP para el TC que ha bloqueado el acuerdo en los últimos meses-. La dirigente popular ha preferido no citar su nombre, ya que “no es un tema para enredar. Yo no voy a añadir leña al fuego que quiere prender el PSOE. Queremos sentarnos a hablar con prudencia y respeto para lograr un acuerdo y pido al PSOE que respondan a esa voluntad”. Ahora, son los socialistas los que deberán decidir si aceptan o no a este magistrado rechazado por el Senado al carecer de los años de carrera suficientes.
A pesar de esta actitud, Sáenz de Santamaría ha enviado un ‘recado’ al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que había acusado unas horas antes al PP de limitarse a “la estrategia del: o lo que yo quiero o la nada” en las negociaciones para renovar este órgano. Son acusaciones “descabelladas”, se ha limitado a comentar la portavoz en el Congreso.
Quince días. Ese es el plazo que ha dado esta mañana el presidente de la Cámara baja, el socialista José Bono, para zanjar, de una vez por todas, la incertidumbre de los magistrados del TC que son designados por el Congreso y que deberían haber sido renovados el pasado noviembre.
“Es la séptima vez que en la Junta de Portavoces les hago ver que en nuestro sueldo está cumplir con nuestra obligación de designar a los magistrados del TC que nos corresponde por mandato”, ha recordado Bono antes de desvelar que tanto PSOE como PP tienen hasta el 30 de junio para cerrar un acuerdo al respecto.
Funcionarios. Precisamente hoy y en medio de esta polémica, los magistrados del Tribunal Constitucional han dictaminado que el recorte salarial decretado en mayo de 2010 por el Gobierno para los empleados públicos no vulneró derechos fundamentales como el de la negociación colectiva, tal y como planteó la Audiencia Nacional.
En un auto, los jueces rechazan así admitir a trámite la primera cuestión de inconstitucionalidad que planteó por este asunto la Audiencia Nacional, al coincidir con el Ministerio Fiscal en que es “notoriamente infundada”.