El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El juez del Tribunal de Justicia regional José Flors ha decretado la apertura de juicio oral contra Camps por un delito de cohecho impropio por haber aceptado trajes de la trama Gürtel. El proceso judicial se iniciará previsiblemente en otoño con el procedimiento de jurado popular.
El juez que instruye el llamado ‘caso de los trajes’ estima que hay indicios racionales de delito al entender que los regalos que Camps, el ex vicepresidente de su Gobierno Víctor Campos, el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, recibieron de los cabecillas de la trama tenían como objetivo “ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”.
En el auto, Flors impone una fianza a los cuatro acusados para “asegurar las responsabilidades pecuniarias”. Camps, Costa y Betoret tendrán que aportar 41.250 euros, cantidad solicitada por la Fiscalía, más un tercio de esa cantidad. Para Campos ha fijado los 35.000 euros de multa que pedía el fiscal más un tercio de esa cifra (46.666 euros en total). Si los imputados no satisfacen el pago, el juez señala que deberá procederse al embargo de sus bienes.
Según relata el magistrado en el auto, las prendas elegidas y encargadas por los imputados fueron recibidas y aceptadas “a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe”. En este caso, el encargado de pagar las prendas era Pablo Crespo, con dinero procedente de las sociedades de Francisco Correa, cabecilla de la trama.
A pesar de tener el dudoso honor de ser el segundo presidente en activo que se sienta en un banquillo (el primero fue el cántabro Juan Hormaechea), Camps seguirá al frente de la Presidencia valenciana. Así lo ha transmitido la portavoz de su Gobierno, Lola Johnson, quien aseguró que no supone “ninguna variación política” y ha reiterado como argumento que Camps consiguió “el mayor respaldo histórico” en las urnas el pasado 22 de mayo. Desde Génova se mantiene el silencio, aunque en principio no adoptará ninguna medida contra el presidente del PP valenciano. De hecho, el líder del PP, Mariano Rajoy, declaró durante la pasada campaña electoral que Camps iba a ser el candidato del partido y “que diga la Justicia lo que quiera”.
El PSOE, sin embargo, exige responsabilidades políticas. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha exigido a Rajoy que “asuma su responsabilidad política” y reclame al presidente valenciano que “presente su renuncia”. Y si se negara, “debería suspenderle de militancia” y “dar instrucciones” para que sea sustituido “en sus funciones como presidente”.
Audiencia preliminar
La decisión de Flors se produce después de que el pasado martes se celebrara una audiencia preliminar como último paso para acordar el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. En la audiencia, las partes presentaron sus últimas alegaciones y comparecieron varios testigos de la acusación y de la defensa.
Uno de los testigos fue el informático de la tienda Forever Young que reconoció ante el juez haber eliminado el rastro de Francisco Camps en la contabilidad del establecimiento por orden de sus jefes. Algo de lo que podría deducirse testimonio para que el juzgado de guardia se haga cargo de dilucidar si cometió un delito de obstrucción y destrucción de pruebas. Por su parte, el abogado de Camps cambió por sorpresa de estrategia y admitió la posibilidad de que no pagara los trajes, aunque sería como presidente del PP valenciano.
