La Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) han denunciado amenazas de muerte tras la visita a Madrid del Papa, así como intentos de localizar los domicilios de los agentes que participaron en las labores de seguridad durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Ambos sindicatos han coincidido en denunciar una campaña de “ensañamiento” a la labor de los policías.
Los sindicatos policiales han querido salir al paso ante el aluvión de críticas que en los últimos días están recibiendo por su actuación en el dispositivo especial por la visita la pasada semana de Benedicto XVI I a Madrid. La CEP y el SPP han arremetido contra la multitud de vídeos que colapsan la red en la que aparecen algunos agentes usando la fuerza para dispersar a los asistentes de la ‘marcha laica’. Para ambos sindicatos, esto es fruto de una campaña de “ensañamiento” contra la labor de estos policías.
Una campaña que ha dado un paso más y que ha derivado, según han informado estas organizaciones a Europa Press, en amenazas de muerte e intentos de conocer el domicilio de alguno de los agentes implicados. Ante esto, los sindicatos han recalcado la actuación “digna de elogio” en la Jornada Mundial de la Juventud de estas fuerzas de seguridad.
Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha desvelado la intención de este sindicato de presentar una denuncia contra el ex ministro del Interior y candidato del PSOE a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, a su sucesor en este departamento, Antonio Camacho, y la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Dolores Carrión, por “inacción de leyes”. Perdiguero ha asegurado a Europa Press Televisión que no se tuvo en cuenta la ley 1/92 de seguridad ciudadana en el enfrentamiento entre manifestantes y Policía.
“Vamos a pedir responsabilidades políticas, ya están los abogados trabajando en ello para que a ser posible, la primera semana de septiembre presentemos una denuncia contra Rubalcaba por inacción de dos leyes, como la ley constitucional y la ley 1/92 de seguridad ciudadana, a Camacho por las mismas leyes y a la delegada, además, por la que regula la concentración o manifestación; ya estamos hartos de ser los que pagamos los platos rotos”, ha anunciado.
