La antigua plantilla de Clesa Madrid acabará el año con alegría a pesar de la situación en la que les dejaron los Ruiz-Mateos. Según ha indicado a EL BOLETÍN Luis Muñoz, miembro de CCOO de la comisión de seguimiento del ERE extintivo de la firma de productos lácteos, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) empezó ayer a pagar las cantidades comprometidas con los trabajadores, es decir, las sumas adeudadas por Nueva Rumasa desde diciembre de 2010 hasta mayo de 2011.
El Fogasa ya ha empezado a cumplir la promesa que les hizo a los 352 ex empleados de Clesa Madrid cuando la sociedad se declaró en concurso de acreedores. Este organismo inició la semana pasada, después de que el Gobierno en funciones aprobase un suplemento de crédito de 100 millones de euros en su presupuesto para que pagase las prestaciones e indemnizaciones a trabajadores cuyas empresas se encuentran en situación legal de insolvencia o en concurso de acreedores, los trámites para abonar las cantidades comprometidas entre el 19 y el 25 de diciembre.
Una noticia que según el miembro de la comisión de seguimiento, integrada también por Antonio Vaquero (UGT) y José Luis del Río (Sindicato Independiente), se recibió “con alegría”. Un sentimiento que ha aumentado con los primeros ingresos del Fogasa, que permitirán a la antigua plantilla de Clesa “celebrar el fin de año con algún que otro euro” en los bolsillos, puesto que a la mayoría de estos ex empleados se les acababa la prestación por desempleo precisamente en diciembre.
No obstante, Muñoz ha confirmado que a pesar de estos pagos no van a darse por satisfechos y que llamarán “a las puertas del Tribunal Supremo para que aceleren la petición del juez Francisco Javier Vaquer -encargado del concurso de la firma de productos lácteos- para que el dinero obtenido de la venta de Cacaolat -de la que Clesa posee el 95% de las acciones- venga urgentemente a Madrid” y así “poder cobrar todos los trabajadores la parte más cuantiosa e importante” de lo que les deben.
El representante de CCOO se refiere al pago de nóminas hasta que se aplicó el ERE, así como el finiquito y las indemnizaciones correspondientes a la extinción de empleos, unas cantidades que según anunció el juez Vaquer, la administración concursal no podía garantizar en el plazo acordado, que acaba el próximo 26 de enero, porque no hay dinero. El cobro de estas sumas, tal y como indicó Muñoz a este diario tras la reunión que mantuvo la comisión de seguimiento con Vaquer el mes pasado, depende de la resolución que de el Tribunal Supremo al recurso interpuesto por el magistrado sobre Cacaolat.
