Los ex empleados de Clesa, perteneciente a Nueva Rumasa, no van a dejar pasar la oportunidad que les ha brindado la justicia, que ha requerido de nuevo a José María Ruiz-Mateos, para increpar al empresario jerezano por su gestión de la firma de productos lácteos, que entró en concurso de acreedores en mayo. La antigua plantilla acudirá el próximo 18 de enero a las puertas de la Audiencia Nacional para dar una ‘calurosa’ bienvenida al patriarca.
Tal y como hicieron el pasado 18 de octubre, cuando Ruiz-Mateos acudió al tribunal por primera vez a declarar en el caso de la presunta estafa de los pagarés emitidos por Nueva Rumasa, los trabajadores de Clesa volverán a la calle la semana que viene para criticar la gestión realizada por la familia en esta firma. Así lo ha asegurado a EL BOLETÍN Luis Muñoz, miembro de la comisión de seguimiento del ERE extintivo de la empresa, que ha indicado que aprovecharán la cita que tiene el patriarca de la familia en la Audiencia Nacional con el juez Pablo Ruz para dar a conocer su situación tras el cierre de la empresa.
En esta comparecencia, que tendrá lugar a petición del propio José María Ruiz-Mateos, el empresario, imputado junto a sus seis hijos varones, su sobrino Zoilo Pazos Jiménez y su mujer, Teresa Rivero, por una presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, tratará de aclarar qué tipo de título había emitido cada una de las trece empresas que en su momento reconoció haber acudido a los inversores.
Hace tres meses, el patriarca asumió toda la responsabilidad por la gestión de las empresas de su grupo, con el objetivo de liberar a sus hijos de las posibles responsabilidades penales derivadas de la presunta estafa cometida con los pagarés. Y no sólo eso, ya que también se mostró orgulloso de su conglomerado y aseguró que volvería a crear un entramado empresarial similar. “Me siento feliz, orgulloso y satisfecho de la obra que he hecho y volvería a hacerlo”, dijo.
En esta declaración el empresario jerezano tendrá que responder también a las conclusiones de la Fiscalía Anticorriupción, que el pasado mes de diciembre concluyó que la familia Ruiz-Mateos había captado un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de trece empresas de Nueva Rumasa, entre las que se encuentra Clesa. Además, la fiscalía consideró probado el delito de estafa contra los inversores al destacar que ocho de las trece firmas emisoras “no habían satisfecho nunca cantidad alguna a sus inversores, por lo que el cien por cien de sus pagarés habían resultado fallidos”.
