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Los funcionarios recibirán los Presupuestos con nuevas protestas

Los funcionarios responderán en la calle a los recortes que sufrirá su colectivo en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. El Gobierno mantendrá, por tercer año consecutivo, la congelación de los sueldos de los empleados públicos, por lo que los sindicatos han convocado mañana un ‘viernes negro’ de protestas frente al departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Las cuentas del Estado para el año que viene ya han empezado a levantar ampollas. Según ha indicado CCOO en un comunicado, “el 28 de septiembre un nuevo ‘viernes negro’ recibirá los Presupuestos Generales de 2013” con una concentración que se celebrará a las 12 horas ante el Ministerio de Hacienda.

Con esta protesta los funcionarios mostrarán “una vez más su rechazo a la política de recortes sociales y laborales, que en esta ocasión coincide con la presentación de unos Presupuestos Generales de 2013” que serán “los más regresivos de nuestra democracia”.

Los funcionarios aprovecharán esta cita para cargar contra la decisión del Gobierno de congelar, por tercer año consecutivo, sus salarios, y contra los nuevos recortes a los Ministerios previstos. Concretamente, los empleados públicos están especialmente preocupados por “el recorte previsto del 12,2% en el gasto sanitario, un sector que ya ha sido especialmente maltratado con recortes tanto en salarios de los profesionales, incremento de jornada laboral, pérdida de empleo, nuevos copagos a la población, etc., con lo que parece difícil visualizar donde se puede volver a recortar”.

La Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleados Públicos ya anunció públicamente los acuerdos alcanzados en su última reunión: una intensificación de las protestas por sectores, acciones jurídicas de ámbito europeo y la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Gobierno de España por la usurpación de derechos laborales. Asimismo, acordó solicitar una reunión con la Defensora del Pueblo para pedirle que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes.

Según señalan desde la Plataforma Sindical, el objetivo es hacer visible a la población en general no sólo el malestar de los trabajadores afectados, sino el perjuicio que supone para la ciudadanía la merma de derechos laborales y salariales de quienes prestan un servicio público con vocación de hacerlo de forma eficiente y con calidad.

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