La televisión pública madrileña, Telemadrid, ya tiene quien la deje lista para la anunciada privatización. Será Deloitte, la auditora de cuentas de la nacionalizada Bankia, en colaboración con Cuatrecasas quien lleve a cabo este proceso en el que se incluirá, tal como anunció el sucesor de Esperanza Aguirre, un agresivo expediente de regulación de empleo que algunos ya cifran en 600 despidos.
A la llamada de la televisión pública para buscar quien la pusiese guapa para su privatización acudieron hasta diez grupos de auditoras. Finalmente, el escogido el pasado jueves por los administradores del ente aún público fue el tándem Deloitte-Cuatrecasas, principalmente porque su plan era uno de los tres más baratos y el de más rápida ejecución, según se ha conocido este sábado. En cualquier caso, el plan que deberá presentarse con detalle en 40 días costará a los madrileños 140.000 euros más IVA.
Con este paso, Telemadrid avanza ya en un camino abierto el pasado mes de agosto que ya le había marcado su compañera Canal 9, la televisión pública de la Comunidad Valenciana de Alberto Fabra. La levantina encargó su propia reestructuración al bufete Garrigues, cuya medida estrella para aligerar costes y estructura fue el despido de 1.198 de sus trabajadores. Hoy por hoy, la pública madrileña cuenta con una deuda acumulada de 245 millones de euros y una plantilla de 1.175 personas y en el concurso para su reestructuración pedía a las auditoras recomendaciones sobre “la adecuación de la plantilla al modelo propuesto, desglosado por áreas de negocio”.
Los despidos y reestructuraciones podrían llegar, según fuentes próximas a la cadena, antes de final de año. Así, el proceso de privatización que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, ha heredado de su antecesora Esperanza Aguirre podría acelerarse para alegría de productoras como Secuoya y Vértice 360º, que han fijado en la privatización de las autonómicas su nuevo bastión fuerte de negocio. Algo para lo que también se han valido de sus lazos de afinidad con altos cargos del PP, sobre todo con el entorno de la secretaria general del partido y presidenta castellano-manchega María Dolores de Cospedal.
