El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo del País Vasco contra algunos de los artículos de la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato, que fue aprobada el pasado mes de abril.
El Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Público de Salud pende de un hilo. El Constitucional estudiará los recursos interpuestos por varias comunidades autónomas contra esta medida que, entre otras cosas, implantó el copago farmacéutico y sacó de la financiación estatal 417 medicamentos.
La primera región en presentar un recurso contra la reforma del Ministerio de Sanidad fue el País Vasco, que decidió acudir al Constitucional al entender que la medida de Mato “supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso a la asistencia sanitaria”, recoge Europa Press.
Después llegó el turno de Canarias, que se amparó en que el contenido de la nueva norma podría “rebasar” los límites materiales establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna.
Por su parte, la Generalitat de Cataluña también acudió ante el alto tribunal el pasado mes de enero. El consejero de Salud regional, Boi Ruiz, anunció la intención de su gobierno de recurrir el decreto sanitario al considerar que vulnera “competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución” al excluir a inmigrantes sin papeles del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.
