La Marea Verde no va a cesar en su lucha contra la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) impulsada por José Ignacio Wert. Sólo unos días después de que el Gobierno aprobase la polémica norma en el Consejo de Ministros el colectivo que defiende la escuela pública ha hecho un llamamiento a ‘boicotear’ la web del Ministerio de Educación al grito de ‘¡No a la LOMCE!’.
Según indica la Plataforma Stop Ley Wert, de la que forman parte el Sindicato de Estudiantes, los indignados de Juventud sin Futuro o Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), entre otros, se trata de una acción sencilla que sólo requiere seguir “cuatro sencillos pasos” para mostrar al ministro el rechazo de la ciudadanía a su reforma educativa.
Esta particular campaña invita a meterse en la página del Ministerio e ir a la pestaña ‘Atención al Ciudadano’. Allí, en el apartado ‘Contacte por Internet’, hay que indicar que la consulta es por temas de Educación, lo que abre un formulario que es el que se debe rellenar con el asunto ‘Legislación educativa’ y en el que hay que poner ‘¡No a la LOMCE!’.
Una iniciativa que han puesto en marcha porque, aunque la reforma ha sido aprobada por el Consejo de Ministros todavía queda mucho tiempo hasta que acabe la tramitación parlamentaria. “Por ello debemos redoblar nuestros esfuerzos contra esta ley regresiva, antipedagógica, clasista y dañina para la escuela Pública y para el modelo educativo por el que llevamos trabajando tantos años”, asevera la Plataforma.
El colectivo critica que la LOMCE “no parte de un diagnóstico serio y riguroso y del diálogo con toda la comunidad educativa” y “aprovecha una coyuntura de crisis económica y la utiliza como coartada para abrir las puertas a la privatización de la Educación pública”.
También carga contra la Ley Wert por estar “al servicio de los mercados y la Conferencia Episcopal y no de las personas” y por articularse “en torno a un sistema trasnochado de reválidas, perversos instrumentos de su carácter segregador y excluyente”. Asimismo, entre otras cosas, critican que la norma “ignora y desatiende al alumnado con más necesidades educativas” y que “permite sostener con fondos públicos a colegios que segregan por sexo”.
Ante esto, aseguran que “la sociedad civil no va a tolerar una ley sin acuerdos y que no cuente con el apoyo de la comunidad educativa” y señalan que “imponerla por la fuerza del rodillo parlamentario sería una muestra de la ausencia absoluta de voluntad democrática”.
“Consideramos imprescindible la apertura de un espacio de debate con toda la comunidad educativa para alcanzar una ley de consenso, así como la creación de un marco legal que garantice estabilidad a nuestro sistema educativo”, concluye la Plataforma.
