El juez Ruz no quiere dejar cabos sueltos en la instrucción del ‘caso Gürtel’ y ha optado por un acercamiento minucioso a este trabajo, en el que, además, no parece dispuesto a dar ningún paso que no cuente con el aval de la Fiscalía.
Es consciente de que quizá no pueda terminar su tarea, puesto que en septiembre finaliza su comisión de servicio y el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional quedará en manos de su verdadero titular, Miguel Carmona, ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una pérdida de la plaza que puede conllevar, según ha admitido el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que Ruz deje de ser el encargado de investigar los posibles delitos cometidos por la red de Francisco Correa.
Ante este panorama Ruz evita obviar cualquier línea de trabajo hacia la que apunte el sumario, con la intención de no dejar cabos sueltos. Sabe que se enfrenta a un asunto complicado y polémico, en el que los errores pueden pagarse caros y los deslices no tienen vuelta atrás que, además le ha costado ya a todo un juez estrella como Baltasar Garzón la salida de la judicatura.
Entre otras cosas, porque está en juego el futuro del partido en el poder, afecta a las conductas pasadas de algunos de sus principales dirigentes históricos y cuestiona una forma de actuar común a cierta clase política española que podría encontrarse en las raíces de la actual crisis institucional a la que se enfrenta el país.
Tal vez por eso en apenas dos días, el juez ha dado un importante impulso al ‘caso Gürtel’. Tras varias semanas sin muchas novedades en la investigación, el magistrado ha reclamado al PP la documentación que aún no ha aportado sobre los papeles de Bárcenas, ha solicitado a Suiza que bloquee varias cuentas vinculadas con el ex tesorero del PP, ha ampliado su investigación hasta 30 empresas que pudieron realizar donaciones al partido, ha puesto bajo sospecha al Gobierno de Esperanza Aguirre y ha citado para el 6 de junio al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Primero, el juez ha reclamado al PP documentación del Gürtel que todavía no ha aportado como la cuenta de gastos de representación desde 2004 o el libro de visitas de la sede nacional en la calle Génova entre cuantiosa documentación, según la SER. Así como, la cuenta de gastos de representación bajo la que el PP, presuntamente, habría ocultado el pago de sobresueldos a altos cargos del partido.
También ha pedido a Hacienda que analice la contabilidad del partido entre 1990 y 2015 y solicita a la Agencia Tributaria que le entregue toda la documentación que posea sobre las operaciones realizadas por el partido con terceros en esos tres lustros.
Unas decisiones que le sitúan en la misma línea de trabajo que había iniciado el juez Gómez Bermúdez en el breve periodo de tiempo que se encargó de instruir el caso de los papeles de Bárcenas al admitir a trámite una querella de IU antes de que, tras un conflicto de intereses, tuviera que abandonarlo tras una polémica decisión de la Audiencia que lo puso en manos de Ruz.
Junto a esto, Ruz ha dado un paso más en las declaraciones que hasta ahora había tomado y ha citado para el próximo jueves 6 de junio al ex
alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado en el ‘caso Gürtel’. El magistrado comparará su grafía con diversos documentos facilitados por las autoridades suizas que le podrían vincular, según fuentes jurídicas, con movimientos del dinero de la trama en paraísos fiscales.
Respecto al país helvético, el juez de la Audiencia Nacional también ha solicitado esta semana que bloquee casi una docena de cuentas vinculadas con el extesorero del PP y su testaferro, Iván Yáñez.
Aquí no ha quedado la actividad de Ruz en su labor de instrucción, ya que en los últimos días también ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que por entonces presidía Esperanza Aguirre, de ocultar la adjudicación de contratos a sociedades relacionadas con la red de Correa por medio del fraccionamiento de las cantidades, según destacó Servimedia.
Una decisión que ha tomado tras estudiar un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se analizaron 686 contratos, por valor de cerca de 6,5 millones de euros, y en el que se determinó que en 104 caso se utilizó la técnica del fraccionamiento.
El juez sitúa en el centro de esta trama al Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes con Aguirre y está imputado por posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude a la administración y contra la Hacienda Pública. López Viejo, según la información de Servimedia, podría haber cobrado comisiones de entre el 5% y el 11,5% de los importes finales de los contratos.
Además, Ruz ha imputado en el caso a los responsables de algunas sociedades, presuntamente utilizadas por Correa. Son Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael) y tendrán que declarar el próximo 20 de junio.
Para terminar en la ajetreada labor que ha tenido este magistrado, también ha requerido al Ayuntamiento de Estepona todas las facturas que tenga de la agencia de viajes Pasadena, vinculada a la red corrupta, entre los años 2000 y 2004. En concreto, Ruz se ha interesado por la documentación relacionada con el ex concejal del PP de esta localidad malagueña Ricardo Galeote.
Un trabajo que gana amplitud y profundidad cada minuto y que por la magnitud alcanzada parece imposible de terminar en sólo cuatro meses. Circunstancia que puede terminar favoreciendo a algunos acusados o presuntos implicados en la trama delictiva que se la juegan al derecho procesal, para intentar invalidar la causa por defecto de forma o agotar los plazos para conseguir la prescripción de los delitos.
Tal vez, lo consigan, pero, y eso es lo que parece importarle más ahora al Juez Ruz, no será gracias a una instrucción defectuosa.
