Algunos jueces se manifestaban hoy consternados por la forma en que el Tribunal Constitucional ha cerrado la crisis desencadenada por el hecho de que su presidente Francisco Pérez de los Cobos, haya reconocido que militaba en el PP.
La interpretación que los miembros del alto tribunal han efectuado de los preceptos que, cuando menos ponían en duda que fuera legal que un magistrado militara en un partido político ha creado mucha polémica en la judicatura. No sólo por la decisión en sí. También por la rapidez con la que se ha tomado.
Una velocidad que no era, al menos hasta ahora, uno de los rasgos características de esta institución. Cierto que la cuestión que tenían que abordar no era la discusión de un asunto jurisdiccional. Pero aún así ha sorprendido a muchos la urgencia y la unanimidad con que se ha resuelto el asunto, menos de 24 horas después de que aparecieran las primeras noticias.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, que fuera secretaria de Estado en un gobierno de Felipe González se ha encargado de darle voz a los descontentos. En su opinión, lo que ha hecho hoy el Tribunal Constitucional refuerza la imagen de politización de la justicia que ya tenían los ciudadanos y puede contribuir a que siga su descrédito que podría llegar a ser irreparable.
Otra cuestión complicada es que, incluso si no resulta incompatible pertenecer a un partido con la presidencia del Alto Tribunal, siempre que estemos hablando de militantes de base, persiste el hecho aún de que Francisco Pérez de los Cobos ocultó en el Senado está circunstancia, cuando la Cámara Alta tenía que decidir si era apto o no para el cargo.
Además, llueve sobre mojado. Hace muy poco, otro juez muy ligado al PP, Enrique López, llegó al Constitucional, por el empecinamiento de este partido, a pesar de que su curriculum no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para acceder al puesto.
Otros magistrados recuerdan que el Tribunal Constitucional se rige por sus propias normas, pero consideran necesario alejar cualquier duda sobre la posible politización de un órgano que finalmente está ejerciendo jurisdicción.
En cualquier caso, resulta cuando menos curioso que los jueces que no están en el Constitucional no puedan militar en partidos y los que sí están en él puedan hacerlo, siempre que no sean dirigentes.
El matiz es tan ‘pequeño’ que no creen que la ciudadanía sea capaz de entender las sutiles diferencias. Circunstancia que, en opinión de los más pesimistas, no va a contribuir precisamente a mejorar la ya muy deteriorada imagen de la Justicia en España.
