El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, continúa en el ‘ojo del huracán’ ya que además de sus polémicas reformas, que le han supuesto tener en ‘pie de guerra’ a jueces, fiscales y secretarios judiciales, se unen las informaciones periodísticas que le colocan en el centro de una supuesta campaña contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal a través del ‘caso Bárcenas’.
Gallardón puso ‘tierra por medio’ con viajes a Perú y a Marruecos y no ha dicho nada ni sobre las novedades en el ‘caso Bárcenas’ ni sobre lo que contaba Raúl del Pozo en un artículo de El Mundo en el que se aseguraba que en el entorno de María Dolores de Cospedal culpaban al titular de Justicia de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez Pablo Ruz que cite a la número dos del PP a declarar sobre las donaciones anónimas al PP en el ‘caso Bárcenas’.
Pero si Gallardón guarda silencio sobre el caso Bárcenas no hace lo mismo a la hora de defender al presidente del Tribunal Constitucional, ya que este viernes el titular de Justicia alzó la voz para asegurar que el hecho de que Francisco Pérez de los Cobos fuera militante del PP cuando ya era magistrado no le inhabilita para el cargo.
Jueces en pie de guerra
Estas controversias no ocultan, sin embargo, el otro gran frente abierto contra Gallardón: el que ha provocado la polémica reforma del Poder Judicial, que se volverá a hacer visible tras el verano.
Las asociaciones de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente siguen en plena ofensiva contra el ministro, ya han anunciado que no presentarán ni avalarán a ningún candidato cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tendrá lugar en septiembre, porque no quieren ser «cooperadores necesarios» del modelo proyectado por Gallardón, ya que consideran ataca a la independencia judicial, tal y como anunciaba en su día Europa Press.
Esta rebelión es el último cartucho de la carrera judicial después de que se aprobará la controvertida reforma del CGPJ contra la que se hizo incluso una huelga de togas el pasado mes de febrero con una acusación clara al ministro por parte de la Judicatura: «Se pretende amordazar a los jueces».
También los secretarios judiciales han organizado distintas jornadas de paros durante estos 18 meses de gestión de Gallardón, un tiempo en el que sus polémicas tasas judiciales también han hecho correr ríos de tinta.
Tras el revuelo provocado, Gallardón se vio obligado a cambiar la ley de tasas lo que no impidió que los socialistas presentaran dos recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite, el último la semana pasada.
Por si esto fuera poco, al ministro de Justicia le han encomendado la ‘patata caliente’ de endurecer la ley del aborto, una reforma que el viernes el ministro anunció se aprobará el próximo trimestre.
La reforma de la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo no sólo ha dividido al Partido Popular, sino que ha radicalizado el discurso de los ultracatólicos, que han empapelado el país con duros carteles dirigidos a presionar a Gallardón.
