Los 50 jueces que forman el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo permanecen reunidos mientras la Marea Blanca se manifiesta frente al tribunal. La decisión sobre la privatización de hospitales impulsada por Javier Fernández-Lasquetty, que tomarán los 50 jueces que forma el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entre hoy y mañana, podría no ser tan unánime como esperan desde la Marea Blanca. Al menos así lo indican los rumores de división que han surgido en las últimas horas, y que apuntan a una deliberación complicada que podría inclinar la balanza hacia cualquiera de los lados.
La gran expectación que ha creado la reunión de los magistrados del TSJM ha quedado algo empañada por esta división, de la que informa la Cadena SER. La hora de la verdad para las externalizaciones sanitarias que quiere acometer la Comunidad de Madrid ha llegado, aunque sanitarios y pacientes, que confían en una resolución a su favor, pueden ver cómo su esfuerzo y su trabajo de meses no llega a buen puerto a pesar de que así lo esperan. Algo que ha quedado de manifiesto en el hashtag que han lanzado en las redes sociales (#EsJustoLoQueQueremos), en el que insisten que “tenemos motivos para creer que el fallo será a favor de una Sanidad pública de pleno”.
La emisora del Grupo Prisa, no obstante, deja en el aire dicha posibilidad al asegurar que hay una importante división entre los jueces que deben decidir el futuro de las privatizaciones de Lasquetty. Según la información de este medio, es probable que surjan diversos problemas, primero porque pueden no ser 50 los jueces reunidos. Parece que podría haber bajas por cuestiones como “resfriados” o “días libres que disfrutar”.
Una cuestión que podría complicar las votaciones si el número resultante es par, lo que obligaría al sustituto de Francisco Gerardo Martínez Tristán, el magistrado que decidió unir todos los recursos en el Pleno, a intervenir. Concretamente, Miguel Ángel Vegas tendría que hacer uso de su voto de calidad como presidente del Pleno y romper el empate en caso de haberlo, algo que según la SER es muy probable ante la falta de unanimidad que parece haber entre los jueces.
Esa división podría provocar que se emitan muchos votos particulares que deben ser razonados jurídicamente, aunque el fallo definitivo, salvo que se produzca una filtración, no se conocerá hasta la semana que viene, cuando se dé a conocer el auto.
Lo que sí parece claro es que, sea cual sea el lado hacia el que se inclinen los jueces del TSJM, la privatización hospitalaria de Lasquetty acabará en el Tribunal Supremo, ya que es más que probable que la parte perjudicada interponga un recurso de casación.
Recursos
En su reunión el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo analizará los siete recursos sobre la externalización hospitalaria que quiere poner en marcha la Comunidad de Madrid. Primero abordará el recurso del PSM contra el auto de la Sección Tercera, que rechazó su legitimación para recurrir la convocatoria de la licitación.
Luego tratará la solicitud de medidas cautelares planteadas por dos asociaciones médicas -Amyts y AFEM-, que han pedido la suspensión del procedimiento contractual, y posteriormente analizará el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno regional contra el auto de la Sección Tercera que acordó la suspensión cautelar de la externalización.
Además, abordará el recurso presentado por CCOO contra el auto de la Sección Octava, que inadmitía el recurso interpuesto por este sindicato por falta de legitimación, y después debatirá el recurso de apelación de la Comunidad frente al auto del 2 de septiembre de 2013 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que acordaba la suspensión del procedimiento.
Por último, el Pleno tratará el recurso sobre la falta de legitimación de varios miembros del PSM, distintos de los anteriormente citados según indica el Tribunal, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Madrid, y analizará la solicitud de suspensión del procedimiento pedida por estos representantes políticos, que recayó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 28 de Madrid, que se inhibió a favor de la Sección Tercera del TSJM.
