El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, critica que la documentación haya llegado antes a los medios que a la Audiencia Nacional. La Comunidad de Madrid ha negado hoy la información desvelada por la Cadena SER, que afirmaba que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha acusado al Gobierno regional de ocultar sus contratos con la trama Gürtel a la Audiencia Nacional. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Salvador Victoria, ha explicado en la misma emisora que remitieron la documentación hace tiempo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y que no se explican por qué no ha llegado al juez instructor del caso, Pablo Ruz.
En su intervención, Victoria ha afirmado que la acusación de la IGAE es “radicalmente falsa” porque la Comunidad de Madrid ya ha remitido la información requerida por el magistrado que investiga la trama de corrupción. “Lo remitimos a la UDEF y por lo que parece no llegó a la Audiencia Nacional”, ha dicho el portavoz del Gobierno regional.
Y aunque el también consejero de Presidencia no ha querido acusar directamente a nadie, sí que ha criticado que “alguien se ha dado más prisa en pasarlo a los medios que a la Audiencia Nacional”.
En su opinión, la Intervención General del Estado “está al margen” y lo único que ha hecho es elaborar un informe a petición de Ruz, que si no recibió la información lo comunicaría a este organismo para dejar constancia y abrir una investigación al respecto. Sin embargo, ha insistido, “nosotros lo enviamos a la UDEF”.
Según publicaba la emisora del Grupo Prisa, IGAE ha denunciado en un informe remitido a Ruz que los departamentos del Ejecutivo madrileño que más contratos firmaron con las empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla del Gürtel, todavía no habían remitido la documentación al respecto requerida por el juez.
Este organismo ha recordado que el magistrado de la Audiencia Nacional había pedido información sobre 71 de los cientos de contratos sellados con la trama y que sólo tres de las siete consejerías implicadas habían contestado al requerimiento. Es más, afirma que Presidencia y Educación, que pagaron al Gürtel más de cuatro millones de euros, no han remitido los informes precisados.
El informe elaborado por los peritos de Intervención se ha cumplimentado “con la documentación intervenida en los registros”, y en él se señala que las sociedades de la trama “fraccionaron artificialmente el objeto de estos 71 contratos con facturas inferiores a los 12.000 euros” para eludir el concurso público.
Asimismo, los funcionarios hablan de la existencia de una red de mercantiles que eran las que realmente prestaban los servicios, y con las que se establecía “un sistema de compensación cruzada por el cual estas empresas facturaban a la Comunidad de Madrid y posteriormente el grupo de Francisco Correa les emitía facturas por importe inferior, siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios como intermediarios”.
Es más, IGAE sostiene que el Ejecutivo autonómico contrataba “al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso a partir de unas instrucciones verbales”.
