Camps ha pasado hoy al ataque, tras cinco meses sin aparecer por una sesión de control. No sólo ha insistido en que no tiene responsabilidad por el ‘caso Gürtel’ sino que ha asegurado que “los abogados de toda España” claman contra el procedimiento abierto contra la trama corrupta.
La querella que anunció ayer el Colegio de Abogados de Madrid contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por las grabaciones que ordenó de las conversaciones entre los imputados del ‘caso Gürtel’ y sus abogados ha sido jaleada por el PP. Esta mañana, en la sesión de control al Gobierno en las Cortes Valencianas, Francisco Camps se defendía de las informaciones que le vinculan a la trama Gürtel y advertía a la diputada del Bloc, Mónica Oltra de que “parece mentira que siendo usted abogada no sepa que los abogados de toda España claman contra un procedimiento que atenta contra el Estado de Derecho, pero ya se sabe, cuando gobiernan los socialistas se acaba el Estado de Derecho”.
Camps ha recurrido a los abogados en un momento en que su Gobierno y estos profesionales mantienen un conflicto por el pago de la deuda a los letrados del turno de oficio. Precisamente, ayer, se reunió la consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo regional, Paula Sánchez León, con el decano del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Real.
En ese encuentro, la consejera se comprometió a pagar los retrasos, que ascienden a tres millones de euros, pero les propuso hacerlo a plazos. Esta propuesta está siendo debatida hoy por el Consejo de Colegios de la Comunidad Valenciana para testar la opinión del gremio.
El conflicto con los abogados del turno de oficio también se está produciendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde los abogados de oficio llevan cerca de un año sin cobrar.
En un principio, la Consejería madrileña dirigida por Francisco Granados, se planteó la posibilidad de privatizar el servicio. De hecho lo hizo en materia de extranjería, otorgando a despachos como Wolters Kluwer y Cremades and Calvo Sotelo, Garrigues y Cuatrecasas, algunas asistencias de la justicia gratuita. La Comunidad, sin embargo, ha dado marcha atrás y se encuentra en negociaciones con los abogados para solucionar el asunto de la deuda.
Mientras, la Consejería de Justicia ha presentado un plan de recorte de gasto en la Justicia gratuita para 2010 con el que se pretende acabar con los fraudes y reducir la saturación de la administración de justicia regional.
La decisión adoptada ayer por el Colegio de Abogados de Madrid, que ha sido elogiada por el de Valencia, supone la primera querella de estos profesionales contra un juez en toda la historia. Fuentes jurídicas consultadas por este diario se muestran extrañadas por esta medida, dado que los letrados son conscientes de que una denuncia de este tipo no prosperará con seguridad, más allá de la admisión a trámite.
