Los analistas han encontrado lógicas las reticencias de los países emergentes que participaron en el G-20 de Toronto a la hora de aceptar la disciplina alemana y optar por programas de recortes del déficit público, primero porque parecen capaces de sortear la crisis mejor que los desarrollados y luego a causa de que ni los más optimistas se atreven a dar por terminada la epidemia y mientras exista la más mínima posibilidad de contagio no pueden descartarse coletazos que sólo se resuelvan con inyecciones de dinero público.
Aunque tampoco resulta despreciable el análisis, quizá un tanto populista, del problema realizado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando explicó que los tenedores de bonos argentinos ya habían experimentado en sus bolsillos los efectos de una sobre consolidación fiscal. La mandataria recordó que fueron los ajustes los que ahogaron la economía del país austral y provocaron el ‘corralito’ y el impago. Sin embargo, Fernández olvidó hacer alguna referencia a otras causas de aquella bancarrota de tan triste recuerdo como el fraude fiscal y la fuga de capitales. Quizá porque eran autóctonas.
