La discreción extrema decretada en las inmediaciones de Génova en lo tocante a cuáles serán las políticas que llevará a cabo el nuevo gobierno que ha de nombrar Mariano Rajoy y quiénes serán los ministros elegidos, no impide a muchos analistas, más o menos conocedores de los pasadizos secretos del partido conservador español, explicar en estos días que la clave de lo que vendrá no esta sólo en quiénes serán los responsables económicos elegidos y qué política podrán poner en práctica.
En ambientes próximos al entorno de Rajoy se da por hecho que las verdaderas carteras estratégicas del Ejecutivo son otras dos. Primero Administración Territorial, desde la que habrá que redefinir en lo económico y en lo político el papel de las autonomías y en la que, para lidiar con las cuñas de la misma madera, se va a necesitar a un verdadero peso pesado del partido que sea respetado y sepa hacerse respetar.
Y luego, Justicia, desde donde hay que realizar con rapidez tres tareas urgentes. La gestión del final de ETA con la búsqueda de definiciones aceptables que resuelvan la espinosa cuestión de los presos de la organización terrorista, la búsqueda de alguna solución para acabar con los interminables procesos del estilo del ‘caso Gúrtel’ con capacidad para convertirse en auténticos quebraderos de cabeza para un partido que tiene que gobernar en tiempos difíciles y la renovación de los propios órganos de gobierno de la magistratura, entre ellos, el Tribunal Consitucional y el Consejo General del Poder Judicial.
