Muchos ciudadanos empiezan a sentirse inquietos al apreciar que, como consecuencia de las tensiones sociales en las que estamos inmersos, algunos prominentes representantes de la clase política, y ciertos padres de la patria, parecen decididos a imponer severas limitaciones en algunos derechos civiles básicos, como los de manifestación y expresión.
La profusión de comentarios de este tipo que han aparecido durante los últimos días en muchos medios de comunicación tienen, además, como origen la manifestación celebrada en Neptuno el pasado 25 de septiembre. Una protesta que, por lo que se sabe, cumplía con todos los requisitos necesarios para ser legal y, mayoritariamente, tuvo como protagonistas a ciudadanos dispuestos a rodear el Congreso y a denunciar a una clase política que no les representa, según creen, pero siempre de forma pacífica. Sin menoscabo, por supuesto, de que pudiera haber alguno grupúsculos violentos, como sucede inevitablemente en cualquier concentración.
Sorprende, también, la parcialidad en los análisis de la que hacen gala algunas autoridades cuando llega el caso. Es curioso que, según simpaticen más o menos con las causas que originan determinadas movilizaciones, tengan o no en cuenta las molestias que estos actos públicos generan a los ciudadanos que no participan en ellos.
Muchos de los que se erigen ahora en defensores de esa mayoría silenciosa incomodada por la presencia de multitudes en las calles, no tuvieron ningún problema, por ejemplo, cuando Madrid fue invadida por las masas que ejercieron como figurantes en la última visita realizada por el Papa Benedicto XVI. Júbilo, por cierto, no compartido por algunos ciudadanos que tuvieron que esperar al fin de la fiesta para respirar tranquilos.
Y, aunque, es cierto que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizar el orden público en cualquier circunstancia, al final resulta que de lo que estamos hablando es tan sólo de otro principio básico: la eficacia policial. Resulta muy complicado entender que con un operativo compuesto por 1.300 efectivos, profesionales y formados para esta tarea, no se pudiera controlar a los sólo 6.000 manifestantes congregados en la protesta, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.
Por cierto que en este asunto, la actual delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, parece realizar una labor impagable en defensa de las instancias más altas del poder y los dirigentes de su partido, al aceptar como suyas unas responsabilidades que no le corresponden, porque la falta de eficacia de los operativos policiales desplegados, en este y en otros casos, entra en las competencias del Ministerio del Interior.
Los derechos civiles no pueden ponerse en almoneda y autorizar su ejercicio o suspenderlos total o parcialmente en función de afinidades arbitrarias, cuestiones coyunturales o consideraciones relativas a la imagen que debe o no debe dar España en, según que casos. Nadie debería poner en duda las palabras al respecto pronunciadas por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien ha recordado a los participantes en este debate de última hora que el derecho a manifestarse está recogido en la Constitución.
Sin contar con que tampoco se pueden comparar, al menos por el momento, las manifestaciones que se han celebrado en Madrid con las protestas de Atenas, donde una población castigada por años de recortes inefectivos sí ha llegado ya a un punto de ebullición en el que la violencia es la moneda común de las protestas.
Y quizá también algunos representantes del poder local tendrían que darse cuenta de que Madrid es la capital de España, lo que, sin duda, le reporta a su población algunas ventajas de las que no disfrutan otras ciudades del país. Y, por lo mismo, también habrá que aceptar algunos inconvenientes y problemas derivados de esta circunstancia. Como, por ejemplo, el hecho de que el centro de la Villa y Corte sea el lugar elegido habitualmente por los ciudadanos que quieren manifestarse para que su protesta tenga la máxima difusión pública posible.
