El caciquismo es consustancial con la sociedad española, quien va a dudarlo. Es objeto frecuente de críticas y denuncias, pero nada ni nadie han conseguido erradicarlo hasta ahora. No está reconocido en la Constitución pero sí adoptado por algunos partidos políticos – o ¿por todos quizás? – como instrumento para el mangoneo de la vida pública, el usufructo de los chanchullos del poder y de paso acaparador de votos cautivos.
Muchos creíamos que la democracia, después de hacerse esperar tanto tiempo, acabaría con el poder de los caciques mayormente locales pero enseguida se ha revelado una esperanza frustrada. Los caciques de oficio y beneficio anidaron rápidamente entre la militancia de las formaciones políticas, maniobraron hasta colocarse en discretos puestos de decisión y siguieron chupando del bote igual que siempre lo habían hecho.
O más incluso. Estos días la lucha tibia contra el caciquismo nos ha proporcionado, por fin, la buena sorpresa de la caída de dos de los grandes, de los más representativos entre los de su especie, en las garras de la Justicia, que es lenta y hasta premiosa, pero suele acabar actuando incluso contra quienes se muestran más sofisticados y sutiles en el abuso de los límites de la Ley.
Ambos reúnen características parecidas: los dos pertenecen al PP, el yacimiento más rico en genes caciquiles, ambos presidían las diputaciones de sus provincias (Castellón y Ourense) y los dos se pasaron años y años haciendo lo que les venía en gana, sin respetar normas ni reglamentos, con el recurso constante al cambalache y en interés propio jugando con los presupuestos aportados por todos los ciudadanos.
Las obras completas acusatorias de los dos, Carlos Fabra y José Luis Baltar, acumulan millares de folios de sumarios presuntamente delictivos, el primero con el aeropuerto sin aviones que se ha convertido en el principal símbolo del despilfarro, y el segundo con los centenares de empleados contratados a dedo y sin necesidad para asegurarse sus reelecciones y la sucesión dinástica de su hijo.
Los dos han sido, ¡y mira que costó!, imputados y procesados, y ambos tendrán que acudir un día de estos a los juzgados a responder de las acusaciones que pesan sobre sus actuaciones, de momento dejémoslas en espera de que los magistrados se pronuncien, en dilapidatorias y escandalosas. Serán sometidos a juicios con aspecto global de procesos al caciquismo. A ver si el ejemplo cunde y su especie se extingue de una puta vez.
