UPyD denunció que algunas entidades aconsejaban acudir a la operación orquestada por Enel con argumentos similares a los que desencadenaron el fraude de las preferentes. Una veintena de cartas remitidas a los bancos colocadores. Ese fue todo el cortafuegos extra que el Gobierno empleó para “asegurar la protección de los inversores minoristas” en la reciente venta de acciones de Endesa emprendida por su matriz italiana Enel. Una operación cuya campaña publicitaria fue interrumpida por orden judicial.
Así lo ha confirmado el equipo de Mariano Rajoy a solicitud de una pregunta parlamentaria presentada por el diputado de UPyD y portavoz económico de esta formación en el Congreso, Álvaro Anchuelo. En su respuesta por escrito, el Ejecutivo explica que envió “una carta a cada una de las 20 entidades colocadoras de la OPV, en la que se recordaba la normativa de aplicación en lo relativo a normas de conducta” para este tipo de operaciones con especial atención a cuestiones como riesgos del instrumento financiero, análisis de la conveniencia, cumplimiento de los procedimientos para la aprobación y lanzamiento de productos y sistemas de remuneración al personal de las redes de distribución.
El Gobierno explica además que “solicitó información sobre el importe colocado”, si bien no explicita nada al respecto. Sobre este asunto, el UPyD señala que precisamente “atraídos” por la suspendida campaña publicitaria, los inversores minoristas llegaron a presentar una demanda equivalente a 1,7 veces el importe global de la colocación de acciones, de modo que los italianos de Enel aumentaron hasta el 19% el umbral dedicado a los pequeños inversores dentro de la operación.
La misiva, según ha explicado el Ejecutivo, también recordaba que toda la normativa sobre la operación “está sujeta a supervisión de la CNMV”. Un organismo al que precisamente desde la bancada de la formación magenta recriminaban poca supervisión “para desalentar la comercialización inadecuada de activos financieros de riesgo entre inversores minoristas no cualificados”. Una actitud que juzgan más clamorosa “tras el escándalo de las preferentes”, según se recogía en la pregunta presentada en el Congreso el pasado mes de diciembre y que no ha obtenido respuesta hasta ahora. Y eso a pesar de las modificaciones que el organismo obligó a recoger en el folleto de la operación.
Desde la formación de Rosa Díez se criticaba que las acciones que se vendieron hace unos meses no eran las mismas a las que “se habían acostumbrado a invertir tantos pequeños inversores antes de su venta a Enel”. En esta línea denunciaban la “descapitalización y vaciamiento de esta multinacional española por parte de su matriz, la empresa púbica italiana Enel”, especialmente a consecuencia del traspaso de todos los activos de la antigua eléctrica española en Latinoamérica a otras marcas del grupo que llegó a poseer el 92% de su capital.
Además, han recordado que supuestamente algunos banqueros habrían animado a sus clientes a “cambiar depósitos por acciones de Endesa ya que ‘no tienen riesgo’ y ‘tienen una atractiva rentabilidad por dividendo’”. Mención también para el hecho de que el juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid ordenase la rectificación de algunos aspectos de la campaña publicitaria a requerimiento de Ausbanc.
Una medida que la compañía desestimó por “la existencia de impedimentos técnicos” al punto de optar finalmente por suspender toda publicidad con el objetivo de poder mantener el calendario de la operación por la Enel se desprendió de un importante paquete de acciones de Endesa una vez vaciada de activos y caja fuerte vía traspasos y multitud de dividendos extraordinarios.
