Arabia Saudí adelantó la retirada de ayudas al suministro energético de los hogares así como privatizaciones que podrían pasar por la propia petrolera estatal. Los países del Golfo Pérsico siguen asumiendo la factura de su ‘guerra’ contra el fracking. Mejor dicho, sus ciudadanos. Baréin ha anunciado la primera subida de los últimos 33 años en el precio de la gasolina como antídoto a unas arcas públicas cada vez más debilitadas a consecuencia del continuo desplome del petróleo.
En el emirato insular el precio de llenar el depósito venía siendo el mismo desde 1983 gracias al potencial productor de sus vecinos y principales socios comerciales. Sin embargo, el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) liderada por su vecina Arabia Saudí haya mantenido invariable su ritmo de producción pese a una demanda más débil y una mayor oferta procedente de los pozos de fractura hidráulica de EEUU y otros lugares, ha terminado por imponer medidas de choque.
La agencia oficial bareiní de noticias, BNA, ha informado de que a partir de este martes la gasolina de 95 octanos pasará a costar 0,16 dinares (unos 0,38 euros al cambio) cuando hasta ahora el litro se conseguía por 0,10 dinares (esto es, 0,23 euros). A pesar de los bajos precios comparados con los que se barajan en la mayoría de los países europeos, el incremento de precios es del 60%.
Este encarecimiento se traslada también a la gasolina de 91 octanos, que pasará a pagarse a 0,12 dinares, lo equivalente a unos 0,29 euros según el mercado de divisas. El ministro de Energía del emirato, Abdul Huseín bin Ali Mirza, ha explicado que la decisión se enmarca en un amplio programa de reformas fiscales y económicas estructurales que buscan reforzar el desarrollo del país a largo plazo, en especial a “los retos fiscales” que encara el estado insular.
Estas decisiones, junto con argumentos como la contribución a un “uso responsable” de los combustibles fósiles y la energía en general siguen el guion dictado desde la propia Arabia Saudí. Riad anunció a finales del pasado diciembre un plan estatal contra los mínimos de más de una década del petróleo que pasaba, entre otros puntos, por privatizar varios “sectores y actividades económicas” de monopolio público hasta la fecha así como la “revisión de forma gradual” de las subvenciones al precio de consumo de energía, agua y electricidad para mejorar en “eficiencia en el uso de la energía” y contribuir a la conservación de los recursos naturales y “frenar su malgasto y uso irracional”.
